Alquileres de vivienda. Medidas para personas vulnerables

Conozca aquí las medidas adoptadas, a través del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, con el que se adoptan medidas económicas y sociales para contrarrestar el impacto del COVID-19. Entre ellas destacan las dirigidas a proteger a los consumidores que han visto afectado sus ingresos o han dejado de recibirlos y, por ello, no pueden pagar el alquiler de su vivienda: 

  • Aplazamiento y ayudas para el  pago del alquiler. 
  • Prórroga del contrato de alquiler, en todos sus términos, de hasta seis meses. 
  • Suspensión de los desahucios por impago de alquiler de los hogares vulnerables, sin alternativa habitacional. 

¿Quién se puede beneficiar de estas medidas? 

Las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica pueden solicitar las ayudas detalladas en el Real Decreto-ley. 

¿Qué requisitos hay que cumplir para ser reconocido como persona vulnerable? 

Los supuestos de vulnerabilidad económica requerirán la concurrencia conjunta, a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con el pago del alquiler de la vivienda habitual, de estos dos requisitos: 

  1. Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.
    • En este sentido, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no debe superar el límite de tres veces el Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) mensual (este importe en la actualidad es 1.613,52 €).

    • Este límite se incrementará en 0,1 veces por cada hijo o persona mayor de 65 años a cargo y 0,15 veces por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite será de cuatro veces el IPREM. Si la persona obligada a pagar la cuota del alquiler tiene parálisis cerebral, enfermedad mental, o una discapacidad intelectual de, al menos, el 33%, discapacidad física o sensorial igual o superior al 65% o enfermedad grave que incapacite a la persona o a su cuidador para realizar una actividad laboral, el límite será de cinco veces el IPREM.

  2. Que la renta del alquiler, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Por suministros básicos se entienden: electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua, teléfono fijo y móvil, y contribuciones a la comunidad de propietarios. 

Si la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar son propietarias o usufructuarias de alguna vivienda en España no se considerará en situación de vulnerabilidad. Se exceptúa de este requisito los casos en los que el arrendatario es propietario únicamente de una parte de dicha vivienda y se haya obtenido por herencia; cuando el arrendatario titular de una vivienda acredite que no dispone de la misma por separación, divorcio o cualquier otra causa ajena a su voluntad, o cuando la vivienda resulte inaccesible por discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman el hogar.  

En cuanto a las ayudas al alquiler de adjudicación directa reguladas en la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, las Comunidades y Ciudades Autónomas establecerán los supuestos de vulnerabilidad que posibilitarán adquirir la condición de beneficiario, siendo de aplicación, mientras tanto, lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2020, detallado en este apartado.

No obstante, la Orden precisa que los posibles beneficiarios deben acreditar que no tienen relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador, ni son socios o partícipes de la persona física o jurídica que como tal actúe.

¿Puedo solicitar un aplazamiento en el pago de mi renta?

  • Si el arrendador es una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2.
    • El inquilino podrá pedirle, en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta,siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

    • La moratoria en el pago de la renta se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses. 

El arrendador tendrá siete días para aceptarlo o proponer alguna de estas alternativas (que se aplican también a todos los arrendamientos correspondientes al Fondo Social de Vivienda): 

  • Una reducción del 50% de la cuota del alquiler mientras dure el estado de alarma y, si el plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada por el COVID-19, durante las mensualidades siguientes, con un límite de cuatro meses. 
  • Una moratoria en el pago de la renta durante el estado de alarma y, si no fuera suficiente, por las mensualidades siguientes, con un límite de cuatro meses. El pago se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación de vulnerabilidad, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses citado anteriormente, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o de sus prórrogas. 

La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.

  • Si el arrendador no es un gran tenedor de inmuebles.
    • El inquilino podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta. El arrendador tendrá siete días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo.

    • En cualquiera de los casos, si no se llega a un  acuerdo, el inquilino podrá tener acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado.

    • En este sentido, podrá solicitar un crédito, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años. Este crédito no tendrá interés ni comisiones, será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

¿Qué ocurre si el ICO me concede un crédito y no puedo devolverlo?

El Real Decreto-ley prevé otras ayudas para los inquilinos que no logren recuperarse de la crisis derivada de la pandemia y no puedan devolver el crédito, indicando que se aprobará una Orden, que elaborará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 un nuevo programa de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID–19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler.

A este respecto, el 11 de abril entró en vigor la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020.

En la misma se establecen ayudas al alquiler de adjudicación directa para aquéllas familias que no puedan, ni siquiera con dicho préstamo avalado, resolver su situación de precariedad para hacer frente al pago del alquiler; así como para ayudar al pago de dicho crédito al que hayan accedido los arrendatarios, en caso de que no logren recuperarse económicamente de la pandemia y no puedan devolver el mismo

¿Qué otras medidas para la protección de los arrendatarios se han contemplado?

  • Prórroga de los contratos de alquiler

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley (1/04/2020) y hasta dos meses después de que haya finalizado el estado de alarma, los inquilinos podrán solicitar una prórroga de su contrato de alquiler por un periodo máximo de seis meses, durante los que seguirán aplicándose los términos y condiciones del anterior contrato.

  • Suspensión de desahucios

Se podrán suspender por un período máximo hasta el 9 de mayo de 2021 (o mientras dure el estado de alarma) todos los desahucios en los que el inquilino pueda acreditar ante un juez una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia del coronavirus, siempre y cuando no pueda encontrar una alternativa habitacional para él y para las personas con las que convive.

Se paralizan también los lanzamientos de familias vulnerables con menores o dependientes a su cargo o de víctimas de violencia machista que residan en viviendas de grandes tenedores, aunque no tengan contrato.

Los servicios sociales de las comunidades autónomas deberán ofrecerles una alternativa digna antes del fin de la suspensión del desahucio

¿Qué documentos debo presentar para acreditar la vulnerabilidad? 

La concurrencia de las circunstancias de vulnerabilidad se acreditará por la persona arrendataria ante la persona arrendadora mediante la presentación de los siguientes documentos: 

  • En caso de situación legal de desempleo, certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo. 
  • En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado. 
  •  Número de personas que habitan en la vivienda habitual:

Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

  • Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar. 
  • Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según el citado Real Decreto-ley. 
  • Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado. 

En cuanto a las ayudas al alquiler de adjudicación directa reguladas en la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, la documentación para acreditar la condición de beneficiario la determinarán las Comunidades y Ciudades Autónomas, siendo de aplicación, mientras tanto, lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto-ley 11/2020, detallado en este apartado.

No obstante, la Orden precisa que, en todo caso, la solicitud deberá ir acompañada de copia completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclusión expresa del medio y forma de pago a la persona arrendadora, y de la acreditación del pago de las últimas tres mensualidades, salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato. Esta documentación ha de ser suficiente para que, en su caso, la ayuda pueda ser pagada de forma directa al arrendador por cuenta del arrendatario.

En todo caso, si necesita presentar una reclamación puede hacerlo en la OMIC del Ayuntamiento de Madrid que seguirá atendiéndole telemáticamente: 

RECUERDE: 

  • Como consumidor tiene unos derechos y unas obligaciones. Infórmese antes de contratar un servicio. Consulte www.madrid.es/consumo
  • También puede contactar con la OMIC para resolver sus dudas a través del correo electrónico: omiccentral@madrid.es 
  • Realice un consumo responsable, informado y sostenible.

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