Memoria

Siendo la memoria el ejercicio de reconstrucción del pasado en el momento presente, no puede concebirse como una obligación sino como un derecho; un derecho de la ciudadanía. El objetivo fundamental de toda política de memoria debe ser garantizar que ese derecho pueda ser ejercido en cada momento por los ciudadanos, con la voluntad de compartir una reflexión crítica sobre acontecimientos violentos de nuestra historia reciente que supusieron una violación de derechos humanos sostenida y socialmente traumática.

Existe, sin duda, una responsabilidad ética y política de recordar, conmemorar, compartir y transmitir una memoria democrática con la finalidad de que sea conocida, usada y resignificada. Igualmente las administraciones públicas deben canalizar, sin pretender imponer un relato único o monolítico, la participación y la expresión del pluralismo en su configuración. La memoria es, por ello, dinámica e incluso conflictiva.

Hemos de asumir como patrimonio de la sociedad los esfuerzos, conflictos, luchas y memorias que han hecho posible el mantenimiento de nuestros valores democráticos y, por tanto, garantizar la transmisión de este complejo patrimonio a generaciones futuras. La memoria histórica democrática consiste en construir y difundir el relato (o los relatos) que proponen una narración y explicación de los hechos del pasado, sin partidismos y desde los valores democráticos irrenunciables. Nuestra memoria histórica democrática supone la lectura crítica de la dictadura y la valoración de la resistencia a la misma, rescatando y conmemorando los valores y esfuerzos de quienes, en medio de dicha dictadura, pugnaron por defender la dignidad, la igualdad, la libertad y la democracia y, de este modo, contribuya a crear condiciones de pedagogía social que se constituyan en garantías de no repetición.

La gestión del diálogo libre y plural entre memorias sólo tiene un límite: debe poner a salvo unos mínimos democráticos. No se puede utilizar para excluir, ni equiparar acontecimientos. Tampoco para reescribir una historia de legitimación de ninguna forma de guerra, violencia o conculcación de derechos humanos. Debe servir con intención de verdad y justicia al valor superior de la dignidad humana y a los derechos y libertades que de éste se derivan.

En este sentido, una política de memoria va más allá de la defensa de los derechos de las víctimas. El testimonio de éstas tiene, sin duda, un valor muy destacado en la construcción de la memoria, pero una política pública de memoria no tiene por objetivo a las víctimas, sino al conjunto de la ciudadanía.

Debemos promover el cumplimiento de los derechos de verdad, justicia y reparación, arrojando luz sobre las vulneraciones de derechos humanos producidas, reconociendo la injusticia del daño causado a las víctimas del franquismo y ofreciéndoles una reparación, cuando menos moral.

Por último, la conmemoración de acontecimientos y personajes no debe limitarse a la instalación de elementos de recuerdo físico. Cierto que esta actividad es necesaria e imprescindible, pero no suficiente pues ha de sumar una reflexión añadida sobre el dinamismo de su creación, mantenimiento y vigencia. Solo de esta manera se podrá cumplir el imprescindible fin pedagógico con el que se contribuye a la transmisión del patrimonio inmaterial en que la memoria consiste.

¿Te ha sido útil esta página?

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos personalizados. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta su uso, pulse aquí para más información.

Cerrar
Subir Bajar