Información sobre la materia. ¿Cómo actuar?

La Constitución española establece la inviolabilidad del domicilio en su art. 18.2.:

“El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.”

Esta garantía constitucional se incluye en la Sección relativa a los derechos fundamentales (Titulo 1, “de los derechos y deberes fundamentales”, Capítulo II, “derechos y libertades”, Sección I “de los derechos fundamentales y de las libertades públicas”), y cuenta con la mayor protección legal.

De este artículo 18.2 CE se deriva una protección reforzada del domicilio frente a entradas no autorizadas por el morador de una vivienda.

La consecuencia es que, a falta del consentimiento de su titular, nadie puede entrar en un domicilio sin orden judicial. Esta limitación también resulta de aplicación a los que ocupan un inmueble y constituyen en él su morada. A partir de ese momento, en cuanto moradores del mismo, son ellos quienes tienen la facultad de decidir quién puede acceder a su domicilio.

La protección reforzada que recibe el domicilio en virtud del art. 18.2 CE también afecta a la actuación policial.

Por este motivo, en principio, la policía solo puede entrar en un domicilio con orden judicial. No obstante, en los casos de delito flagrante la policía puede intervenir y acceder a la vivienda.

La realidad es que este último supuesto es poco frecuente porque deben concurrir múltiples circunstancias para poder apreciar la comisión del delito en ese mismo momento y poder probarlo posteriormente – testigos presenciales de la ocupación, que se cometa en ese mismo momento la usurpación del inmueble y que la policía pueda intervenir sin dilación-.

La idea de un desahucio exprés que permite desalojar a los ocupantes si no ha transcurrido un plazo superior a 24 horas, en otros casos se fija este plazo en 48 horas, es absolutamente equivocada.

No existe esta clase de desahucio exprés. El periodo que lleven dentro de la vivienda los ocupantes no determina la posibilidad de operar el desalojo de la vivienda. Lo verdaderamente relevante es determinar si los ocupantes han constituido su morada o domicilio en el interior de la vivienda y, por tanto, ya gozan de la protección que dispensa la constitución a todas las personas en su morada.

Para determinar si los ocupantes han podido constituir efectivamente su domicilio en una vivienda suelen emplearse indicios o signos que evidencien la existencia de un nuevo morador. El más habitual es el cambio de cerradura realizado por los nuevos ocupantes, pero también hay otros como nueva decoración de la casa, existencia de objetos personales, colada de la ropa tendida, etc…

Se entiende como "domicilio" "cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar, o lo que es lo mismo, que sirva de habitación o morada a quien en él vive, estimándose que constituye domicilio o morada, cualquier lugar, cualquiera que sea su condición y característica, donde vive esa persona o una familia, sea propiamente domicilio o simplemente residencia, estable o transitoria, incluidas las chabolas, tiendas de campaña, roulotes, etc..., comprendidas las habitaciones de un hotel en las que se viva.

El hecho de que se trate de una vivienda ocupada no impide considerarla domicilio a los efectos de disfrutar de la defensa que ordenamiento jurídico dispensa a aquellos lugares en que se desarrolla la vida privada de una o varias personas, que en este caso serían los propios ocupantes sin título habilitante.

En el ordenamiento constitucional el domicilio se configura como un instrumento al servicio de la intimidad de las personas reconocida en el art. 18 de la Constitución, a la que también tienen derecho los ocupantes sin título.

Debe entenderse por morada el recinto, generalmente cerrado y techado, en el que el sujeto pasivo y sus parientes próximos, habitan, desarrollan su vida íntima y familiar, comprendiéndose dentro de dicho recinto, dotado de especial protección, no sólo las estancias destinadas a la convivencia en intimidad, sino cuantos anejos, aledaños o dependencias constituyan el entorno de la vida privada de los moradores, indispensable para el desenvolvimiento de dicha intimidad familiar, y que, de vulnerarse mediante la irrupción, en ellos, de extraños, implica infracción de la intangibilidad tutelada por la Ley.

Por tanto, pueden considerarse parte de la vivienda y, también, susceptibles de ocupación los patios, porches, pasillos de la vivienda que junto con esta constituyan un conjunto destinado al mismo uso.

La condición de vivienda o de segunda residencia del inmueble ocupado tiene consecuencias principalmente en el orden penal.

De este modo, si se trata de una vivienda habitual, la ocupación podrá ser calificada como allanamiento de morada del art. 202 del Código Penal y llevará aparejadas penas más graves que si se trata de una vivienda que no constituye morada, en cuyo caso la ocupación será calificada como usurpación de inmueble del art. 245 del Código Penal.

El orden civil dispensa protección a los poseedores de inmuebles independientemente de que estos constituyan su residencia habitual o simplemente sean una residencia vacacional. Esto es así porque lo que se protege en este caso es la facultad de uso y disfrute que conlleva el derecho de propiedad de una vivienda y no tanto el derecho a la intimidad que se articula por medio del instrumento de un lugar en el que vivir.

En el caso de sufrir la ocupación de nuestra vivienda podemos emplear la vía civil o la vía penal. Para tomar esta decisión resulta imprescindible contar con el asesoramiento legal de un abogado especializado en la materia. Encontrará información en los apartados “Opciones en la vía civil” y “Opciones en la Vía penal”, a efectos meramente ilustrativos de las posibilidades que se ofrecen al titular de la vivienda ocupada.

 

 LEY 5/2018, CONOCIDA COMO LEY ANTIOKUPACIÓN:

La Ley 5/2018 prevé un proceso civil sumario destinado a recuperar de forma inmediata la posesión de bienes inmuebles destinados a vivienda ilegalmente ocupadas para restituirlas a su poseedor legítimo. Esta ley es la que de manera coloquial se conoce como “ley antiokupas”.

Aspectos destacados de este procedimiento:

  • ¿Quiénes están legitimados para ejercitar las acciones legales por medio de este procedimiento?

Las personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias o poseedoras de una vivienda en virtud de justo titulo

Está legitimado para ejercitar acciones legales por medio de este procedimiento cualquier poseedor de la vivienda con justo título al que le hayan privado de su vivienda. Esto significa que tienen legitimación activa, además del propietario, otros posibles poseedores como arrendadores, usufructuarios, etc…

Quedan excluidas las personas jurídicas con ánimo de lucro poseedoras de viviendas.

  • ¿Cuál es el objeto de procedimiento?

La recuperación de viviendas, ya sean la vivienda habitual o segundas residencias, quedando excluidos del procedimiento los locales de negocio.

  • ¿Contra quién se dirige la demanda?

La demanda no requiere la identificación de los ocupantes de la vivienda que han llevado a cabo el despojo de la vivienda. Se puede dirigir genéricamente contra quienes se encuentren en la vivienda sin título habilitante.

  • ¿Qué plazo hay para presentar la demanda?

El plazo para presentar la demanda es de un año desde la perturbación o despojo (art. 439.1 LEC).

  • ¿Qué gastos se derivan de esta vía?

Al tratarse de un juicio verbal determinado por razón de la materia es necesaria la intervención de abogado y procurador, por lo que en caso de acudir a esta vía habrá que tener en cuenta sus honorarios.

   OTRAS POSIBLES OPCIONES EN LA VÍA CIVIL:

Antes de la entrada en vigor de la Ley 5/2018, de 11 de junio, se empleaban otras opciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico civil que posibilitaban el ejercicio de acciones ante supuestos de ocupación de viviendas. Aunque estas opciones presentan problemas técnicos que les impiden dar una solución óptima al problema de la ocupación, lo cierto es que siguen existiendo y puede acudirse a ellas. No obstante, es preciso recordar que la elección de qué vía se emplee debe contar con el asesoramiento de un letrado especializado en la materia.

Estas opciones son el desahucio por precario (art. 250.1.2º LEC), el interdicto posesorio (art. 250.1.4º LEC) y las acciones ejercitadas por titulares reales inscritos.

La ocupación no consentida de viviendas está contemplada en el Código Penal.

Existen dos tipos penales referidos a la ocupación sin titulo de viviendas cuya diferencia viene dada por el carácter de morada o no que, en su caso, tenga la vivienda ocupada.

  • La ocupación de vivienda que constituya morada se denomina allanamiento de morada (art. 202 CP), y se sanciona con pena de prisión.
  • La ocupación de vivienda que no constituya morada se denomina usurpación de inmueble y se sanciona con pena de multa, siempre que no se haya empleado violencia ya que en este caso podrá imponerse una pena de prisión. En todo caso se sanciona con penas menores que el allanamiento de morada.

 Concepto de morada a efectos penales:

Debe entenderse por morada el recinto, generalmente cerrado y techado, en el que el sujeto pasivo y sus parientes próximos, habitan, desarrollan su vida íntima y familiar, comprendiéndose dentro de dicho recinto, dotado de especial protección, no sólo las estancias destinadas a la convivencia en intimidad, sino cuantos anejos, aledaños o dependencias constituyan el entorno de la vida privada de los moradores, indispensable para el desenvolvimiento de dicha intimidad familiar, y que, de vulnerarse mediante la irrupción, en ellos, de extraños, implica infracción de la intangibilidad tutelada por la Ley.

Lo primero que debe hacerse en caso de sufrir una ocupación en una vivienda, de nuestra propiedad o sobre la que ostentemos un titulo que nos habilite para usarla o disponer de ella, es denunciarlo a la policía.

También es preciso buscar un asesoramiento legal especializado que nos permita ejercitar las acciones legales que nos asisten en cuanto titulares de la vivienda ocupada, comenzando por la interposición de una demanda en el caso de que se opte por la vía civil, que suele ser lo habitual.

A pesar de haber sido víctimas de un acto injusto e ilegal como es una ocupación, no está permitido restablecer el orden posesorio por vías de hecho.

El ejercicio del propio derecho acudiendo a la vía de hecho está proscrito en el ordenamiento jurídico español, por lo que hay que evitar las conductas que pudieran hacernos incurrir en esta situación.

De este modo, en caso de ocupación de nuestra vivienda, en ningún caso deben realizarse las siguientes conductas:

  • Cortar los suministros que tenga contratados la vivienda. Los suministros de agua, luz y calefacción deben mantenerse a pesar de no estar disfrutando de la vivienda. Será posteriormente, una vez recuperada la vivienda, cuando pueda intentarse su reembolso.
  • Sellar o cambiar las cerraduras de la vivienda de manera que se imposibilite al morador el acceso a la vivienda que, al menos momentáneamente, constituye su domicilio.
  • Amenazar a los ocupantes de la vivienda con represalias en caso de que no abandonen la vivienda.

En todos los casos descritos, estaríamos realizando acciones susceptibles de ser objeto a su vez de ser calificadas penalmente como delito de coacciones.

  • Acción de cesación del artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal.

La Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal (en adelante, LPH) reconoce a las comunidades de propietarios capacidad procesal para el ejercicio de la de cesación prevista en su art. 7.2 LPH.

 Por medio de esta acción la comunidad de propietarios puede, por medio de su presidente, requerir al propietario de una vivienda o a su ocupante la inmediata cesación de actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

  • Legitimación activa de la Comunidad de Propietarios para interponer el Interdicto de recobro de la posesión en caso de ocupación ilícita.

 La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, no reconoce a las comunidades de propietarios una legitimación activa para interponer este interdicto.

 A pesar de esta circunstancia legal, son numerosas las resoluciones judiciales que admiten pacíficamente esta legitimación activa a las comunidades para interponer el interdicto de recobro de la posesión en caso de ocupación ilícita de elementos comunes de la comunidad (el ejemplo por excelencia es la vivienda de la portería).

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