Desahucios y moratoria pago alquileres

Desahucios y moratoria pago alquileres

Si, se han suspendido y prorrogado los procedimientos de desahucio, hasta el final del estado de alarma, el 9 de mayo de 2021, en el ámbito de la vivienda, para personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida, sin alternativa habitacional,   incluyéndose situaciones que no esté directamente vinculadas con la COVID-19, y que se acrediten ante el Juzgado competente.

Se amplía el plazo hasta el 9 de mayo de 2021 de los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que el propietario, persona física, no haya comunicado la necesidad de la vivienda para sí, en cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Gran tenedor es el arrendador, persona física o jurídica, que es titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2.

La situación de desempleo se debe acreditar con un certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones que indique la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo y en el que tendrá que figurar la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo

En la entidad gestora de las  prestaciones.

Si eres autónomo y estás en cese de actividad tienes que acreditarlo mediante un certificado de suspensión de actividad expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o por la entidad competente.

Sí, siempre y cuando se encuentre en situación de vulnerabilidad y si su casero (arrendador) no es un gran tenedor.

Éste deberá responderle en un plazo máximo de 7 días laborables sobre si acepta o no las condiciones propuestas de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda o, en su defecto, con las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas.

Si no llegan a un acuerdo puede como inquilino acceder a un programa de ayudas transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado pudiendo solicitar un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años.

Este crédito no tendrá interés, será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial, que firmará el correspondiente acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

 

Podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos. Y tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

 

Si estas  en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) o has reducido la jornada por motivo de cuidados y el arrendador es un gran tenedor (Fondo social de entidad financiera) puedes solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

 El aplazamiento tiene que ser con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.

El arrendador en el plazo máximo de 7 días laborables  debe ofrecer  al arrendatario dos opciones:

1-    Una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado, con un máximo en todo caso de cuatro meses.

2-     Una moratoria en el pago de la renta sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.

El inquilino tendrá, hasta el 9 de mayo 2021 la posibilidad de solicitar la moratoria o la condonación parcial de la renta, cuando el arrendador de la vivienda sea un gran tenedor o entidad pública, en los términos establecidos en el Real Decreto-Ley11/2020. (Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, con entrada en vigor el 9 de julio: Disposición Final Novena).

  • Certificado de situación de desempleo o de cese de actividad (dependerá del caso).
  • Número de personas que habitan en la vivienda (libro de familia).
  • Certificado de empadronamiento (con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores).
  • Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral (Sí procede).
  • Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  • Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.
    • Certificado de situación de desempleo o de cese de actividad (dependerá del caso).
    • Número de personas que habitan en la vivienda (libro de familia).
    • Certificado de empadronamiento (con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores).
    • Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral (Sí procede).
    • Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
    • Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.

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