¿Quiénes somos?

El derecho a la propiedad privada (artículo 33 CE) se ha visto afectado en las grandes ciudades por el fenómeno de la ocupación ilegal, en sus múltiples vertientes:

  • Ocupación de viviendas y otros inmuebles propiedad de bancos, fondos de inversión y sociedades patrimoniales
  • Ocupación de viviendas de segunda residencia de particulares
  • Ocupaciones programadas y profesionalizadas, con apoyo logístico

 Dicho fenómeno produce alarma social por la dificultad de conjugar los derechos fundamentales de todas las personas como el derecho a la libertad, a la seguridad (artículo 17 CE), a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 CE) y a la propiedad privada (artículo 33 CE).

 Por ello desde el Ayuntamiento de Madrid se ha puesto en marcha el Plan Integral de Lucha contra la “ocupación ilegal”, dentro del cual se han realizado las siguientes actuaciones:

  •  desde la Empresa Municipal de la Vivienda y suelo, se ha elaborado un Protocolo en materia de ocupaciones ilegales para las viviendas del parque público inmobiliario municipal, con medidas generales y específicas que abarcan tanto la vigilancia preventiva como actuaciones de recuperación. El resultado de dicho protocolo de actuación ha conseguido pasar de 15 viviendas ocupadas en el 2018 a 5 en el 2019 y 2020, y de una recuperación de 87 viviendas en el 2018 a 97 en el 2019 y 76 en el 2020.
  • desde el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, se han llevado a cabo actuaciones preventivas para evitar la ocupación ilegal de aquellas edificaciones adquiridas por el Ayuntamiento a través de procesos expropiatorios mediante la planificación y anticipación en las actuaciones de demolición de las mismas.
  • desde el Área de Gobierno de Familias igualdad y bienestar social, se vienen realizando las actuaciones necesarias para intervenir en los distintos supuestos de ocupación ilegal de inmuebles, distinguiendo:
    • En el caso de los inmuebles ocupados propiedad del Ayuntamiento de Madrid: Coordinándose con los servicios sociales del distrito para conocer las situaciones de las familias o personas ocupantes, y realizando de alternativas residenciales en función de las situaciones y de los recursos disponibles.
    • En el caso de los grandes propietarios: Trabajando en la intermediación con las familias en situación de vulnerabilidad las opciones de aplazamiento de la salida o el alquiler social.
    • En todos los casos en los que exista un desahucio de una familia o persona vulnerable: interviniendo con prestación de alojamiento alternativo, en su caso.
  • desde el Área de Gobierno delegada de coordinación Territorial, Transparencia y Participación ciudadana, se publica un espacio informativo en el Portal Institucional y se pone en marcha un servicio de información a la ciudadanía para dar respuesta a las preguntas frecuentes sobre el fenómeno de la ocupación ilegal, relativas tanto a conceptos básicos como el de vivienda, allanamiento de morada o usurpación de inmuebles, los procesos judiciales que se pueden instar antes estos supuestos, los requisitos básicos de representación para instar los procesos, etcétera, como para informar de las actuaciones de las diferentes Áreas de Gobierno en esta materia. 

 

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