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Imágenes de la rueda de prensa que ha ofrecido hoy el vicealcalde, Manuel Cobo, tras la reunión de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.

La Junta de Gobierno ha autorizado el ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la defensa de los intereses colectivos del Ayuntamiento de la capital española en Caja Madrid, y específicamente de su representatividad en los órganos de gobierno de dicha entidad. El recurso, que se interpondrá de forma inmediata, solicita la anulación de la resolución del consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid de 3 de marzo de 2009, por la que se autoriza el proyecto de Estatutos y Reglamento Electoral de Caja Madrid.

El Ayuntamiento considera lesivo para los intereses de los madrileños y contraria al artículo 2.3 de la Ley de órganos rectores de Cajas de Ahorro la nueva representación de las corporaciones locales en  los nuevos estatutos y el Reglamento Electoral.

Caja Madrid en cumplimiento de la obligación establecida por la Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid, tras su modificación el pasado mes de diciembre, el 29 de enero de 2009 remitió a la Consejería de Economía y Hacienda el proyecto de los Estatutos y Reglamento Electoral. Tras su examen, la Comunidad de Madrid ordenó que se incluyesen determinadas modificaciones, que han terminado por transformarlos en gravemente lesivos contra los intereses de Madrid, especialmente teniendo en cuenta la inmediata ejecutividad de la resolución que se va a recurrir.

El Consejo de Administración de Caja Madrid votó a favor de incluir las modificaciones ordenadas por la Comunidad, "por imperativo legal", tras lo cual la Consejería de Economía y Hacienda dictó la resolución que se va a impugnar, aprobando el Proyecto de Estatutos y Reglamento Electoral para su ulterior sometimiento a la Asamblea General de la Caja.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se considera que el informe favorable emitido por la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se pone fin al procedimiento establecido por la Ley con carácter transitorio, conculca los derechos que la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA) le reconoce. El citado Proyecto vulnera el criterio de proporcionalidad en la designación de los consejeros generales, conculcando así el principio de igualdad exigido por el artículo 2.3 de la misma.

Circunscripciones

Mediante la creación de dos circunscripciones -Comunidad de Madrid y el resto de comunidades autónomas- y el establecimiento de criterios de ponderación y limitación del número de representantes, que no tienen ningún amparo en la citada norma básica estatal, se altera la representación que debería corresponder al Ayuntamiento de Madrid. De este modo, el número de depósitos en cada municipio, que es el único criterio que debería tenerse en cuenta de acuerdo con la LORCA, queda totalmente desvirtuado, lo que conlleva una clara vulneración del principio de igualdad exigido en el artículo 2.3 de la LORCA.

En este mismo sentido, el hecho de que los representantes que corresponden a la Casa Real dejen de distribuirse de forma uniforme entre los demás sectores en caso de que ésta no los designe,  indirectamente  vuelve a alterar el principio de proporcionalidad.

Madrid tiene hoy 70 representantes y con la nueva normativa pasará a tan sólo tener 24, mientras otras poblaciones como Majadahonda aumentan de 1 a 8 su representación. La Ciudad de Madrid, a pesar de tener el  65% de los depósitos de la entidad en el territorio de la Comunidad, o el 45% del total de depósitos de la Caja, obtiene por lo tanto una representación en términos proporcionales muy inferior a la de otras ciudades, con mucho menor porcentaje de depósitos.

Puesto que la LORCA ha encomendado a los ayuntamientos la representación de los intereses colectivos mediante su participación en la Asamblea General, el Ayuntamiento de Madrid no puede obviar el perjuicio que le ocasiona la Resolución que se va a recurrir, ya que en caso contrario estaría desatendiendo un mandato del legislador estatal.

El 5 de marzo de 2009, el Consejo de Administración de la Caja convocó Asamblea General Extraordinaria para el próximo 23 de marzo, y en esa reunión de la Asamblea General Extraordinaria será objeto de votación el Proyecto de los Estatutos y Reglamento Electoral a que se refiere la Resolución que se va a impugnar. Esa proximidad de las fechas en las que tal votación tendrá lugar justifica que por parte del Ayuntamiento se hayan solicitado además medidas cautelares tendentes a evitar que se produzca un perjuicio irreparable para el Ayuntamiento./