La Ciudad pide a la Comunidad que no modifique la Ley de Drogodependencias
- Villanueva ha asegurado que el Gobierno de la Ciudad no comparte la medida impulsada por la Comunidad, ya que provocará que los jóvenes tengan más fácil el acceso al alcohol
- La supresión de la segunda autorización que ahora expiden los ayuntamientos “pone en riesgo la salud de muchos jóvenes madrileños, es una medida que da un paso atrás”
- Gracias a la Ley de Drogodependencias de 2002 y de la exigencia de esa segunda licencia, la venta de bebidas alcohólicas ha descendido en los últimos años y se ha retrasado su acceso por parte de los jóvenes a edades más tardías
- El delegado de Economía ha recordado que el Ayuntamiento está a favor de la liberalización de los horarios comerciales en determinadas zonas por interés turístico, económico y cultural
El alcalde de la Ciudad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha solicitado a la presidenta de la Comunidad, a través de una carta enviada la semana pasada, que reconsidere la anulación de dos apartados de la Ley de Drogodependencias referidos a la venta de alcohol en establecimientos comerciales. Así lo ha asegurado hoy el delegado de Economía, Miguel Ángel Villanueva, en una comparecencia ante los periodistas durante el Pleno del Ayuntamiento. Villanueva ha subrayado la preocupación del Gobierno municipal ante una medida de la Comunidad que, en su opinión, motivará que los jóvenes tengan más fácil el acceso a las bebidas alcohólicas.
Según el responsable de Economía y Empleo, la Ciudad no comparte algunas de las medidas incluidas en el Anteproyecto de Ley de Modernización del Comercio presentado por la Comunidad. Villanueva se ha referido, en concreto, a la supresión de dos apartados de la Ley de Drogodependencias de 2002 (promulgada cuando Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad), que recorta la potestad de los ayuntamientos.
Dicha norma establece que aquellos establecimientos que vendan alcohol y en los que no esté permitido su consumo inmediato (no afecta, por tanto, a los bares y restaurantes) necesitan una segunda licencia que hasta ahora expedían los ayuntamientos. El delegado de Economía ha aludido, entre otros, a los comercios de ‘todo a cien’, que antes podían vender bebidas alcohólicas y desde la promulgación de la Ley de 2002, no.
La supresión de esta segunda autorización por parte de los ayuntamientos, explicó Villanueva, “pone en riesgo la salud de muchos jóvenes madrileños, es una medida que da un paso atrás”. El Gobierno de la Ciudad está convencido de que, gracias a la Ley de 2002 y de la exigencia de esa segunda licencia, las estadísticas han demostrado que la venta del consumo de alcohol ha descendido en los últimos años y que el acceso de este tipo de bebidas por parte de los jóvenes se ha retrasado a edades más tardías.
El otro aspecto de este asunto que inquieta al Ayuntamiento, a pesar del incremento de los recursos de Policía Municipal y de la plantilla de Policía Nacional, es que vuelvan a aparecer puntos de venta de alcohol en la Ciudad de Madrid o en otras localidades de la Comunidad y que se reproduzca el fenómeno del “macro botellón”. “Creemos que es un serio peligro”. A juicio de Villanueva, si el Gobierno regional suprime la posibilidad de que los ayuntamientos puedan otorgar la segunda licencia a los comercios, el “macro botellón” puede volverse a reproducir.
“Consideramos que la Comunidad debe reflexionar sobre estos dos aspectos que deroga de la Ley, no es positivo que los jóvenes pueden tener más fácil el acceso a las bebidas alcohólicas”.
Liberalización de horarios comerciales
Villanueva se ha referido a otro de los aspectos del Anteproyecto de Ley de Modernización del Comercio, promovido por la Comunidad de Madrid como es el de los horarios. El Gobierno de la Ciudad de Madrid, constató, apuesta por la liberalización de horarios comerciales en determinados barrios por razones de interés turístico, cultural y económico, entre otros. “La postura del Ayuntamiento es clara”, ha dicho Villanueva, que ha recordado la existencia de una Directiva de la Unión Europea que aboga por esa liberalización comercial.
Esta normativa comunitaria de 2006, que concede a los estados miembros tres años para adaptarse, va en defensa de los consumidores -detalló el delegado- y deja poco margen a los países para establecer restricciones que no se deban a cuestiones referidas a orden público, “desde luego no las de tipo económico como hasta ahora ha expuesto el PSOE”.
Villanueva ha puesto como ejemplo un área de gran afluencia turística como es el barrio de Sol para sostener la postura del Gobierno de la Ciudad de la conveniencia de que algunas zonas gozaran de libertad de horarios. “Somos más partidarios de ese procedimiento”, insistió, ya que la liberalización comercial es mandato de la Unión Europea./