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En las grandes ciudades se observa la tendencia que siguen las actividades de ocio nocturno de concentrarse en determinadas zonas, lo que se traduce en el consiguiente aumento de la molestia que este tipo de actividades producen a la vecindad, razón por la que es necesaria la intervención de la Administración Local, a fin de compatibilizar la actividad económica con la residencial, asegurando los derechos al descanso y al ocio. El Ayuntamiento de Madrid, consciente del problema, introdujo en el año 1985 la figura de la Zona Ambientalmente Protegida (ZAP), con el objetivo de reducir los niveles de ruido existentes. La aparición de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, junto con los reales decretos que la desarrollan, recoge una nueva figura de protección llamada Zona de Protección Acústica Especial, que delimita las áreas acústicas en las que se incumplen los objetivos de calidad acústica, y que exige el desarrollo de planes zonales específicos que permitan alcanzar los objetivos de calidad acústica.