El Ayuntamiento insta a la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
- La proposición ha contado con los votos del grupo socialista y de Ahora Madrid. Ambos grupos reclaman que se mantengan las competencias municipales para la prestación de servicios sociales y de promoción de promoción y reinserción social. Exigen que se garantice financiación suficiente para ello
- La ley reduce en el papel a los municipios al papel de simples gestores, despojándoles de su característica fundamental de ente político por excelencia por lo que se pide al Gobierno estatal su derogación
- En todo caso, el Gobierno local ha consignado más de 576 millones de euros para gastos en servicios sociales en un ejercicio de responsabilidad
El Ayuntamiento de Madrid insta al Gobierno de España a la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y a la elaboración de una nueva normativa que permita a las entidades locales seguir gestionando competencias en la prestación de servicios sociales, promoción y reinserción social con la financiación necesaria para ello.
La proposición, aprobada por el grupo socialista y el de Ahora Madrid, llama la atención sobre una ley que reduce el papel de los ayuntamientos al de meras filiales de comunidades autónomas, como apuntó el concejal de Economía Y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, durante el pleno de hoy, miércoles. Se plantea la iniciativa por responsabilidad institucional, apuntó la portavoz socialista, Purificación Causapié.
A través de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se encomienda sobre el papel a las Comunidades Autónomas las competencias que, tradicional y por historia, tradición y lógica, son del municipio. La realidad, en todo caso, es otra. A fecha de hoy, miércoles 25 de noviembre, han asumido competencias.
El Gobierno municipal ha consignado más de 576 millones de euros para gastos en servicios sociales en su propuesta de Presupuestos para 2016. Se trata de un ejercicio de responsabilidad política y moral hacia las personas que viven en la ciudad de Madrid.
La Comunidad de Madrid elude el mandato legal de prestación y financiación de los servicios sociales y el Ayuntamiento de Madrid atiende los servicios sociales dotándolos del crédito necesario.
La Disposición Transitoria Segunda de la citada ley establece que si a 31 de diciembre las Comunidades Autónomas no han asumido el desarrollo de los servicios de su competencia prestados por los municipios o, en su caso, no han delegado estas funciones, los servicios seguirán prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma. Es por tanto necesario aclarar en qué medida la Comunidad Autónoma de Madrid proveerá al Ayuntamiento de Madrid con los fondos necesarios para sufragar los 576 millones de euros presupuestas en 2016 para un gasto social necesario y urgente./